La discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas constituyen una de las violaciones a los derechos humanos más extendida y arraigada en el mundo. Impacta en la salud, la libertad, la autonomía, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas; limita el desarrollo de los países y daña a la sociedad en su conjunto. A pesar de la creciente toma de conciencia respecto a esta pandemia global, la inversión es insuficiente.
De acuerdo con el estudio Benefits and Costs of the Conflict and Violence Targets for the Post-2015 Development Agenda, el costo de la violencia de pareja contra las mujeres podría representar un monto de alrededor de 5.2% del producto interno bruto (PIB) global. En México, el costo de la violencia contra las mujeres representó 5% del gasto público total en México en 2015 (4,694,677,400,000 pesos del presupuesto de egresos de la federación de 2015). Se estima que las mujeres en México han sufrido pérdidas de hasta 7% en su desarrollo humano como resultado de la violencia de pareja a la que están expuestas.
La violencia contra las mujeres en todas sus expresiones, incluidos los feminicidios no sólo afectan a los presupuestos nacionales, al generar importantes gastos para el sistema de salud en atención y en servicios de procuración e impartición de justicia; sino también generan importantes costos para las empresas por la baja productividad, impacto en la salud y la pérdida del potencial. La violencia en el ámbito doméstico y por parte de la pareja causan más muertes e implican costos económicos mucho más altos que los homicidios o las guerras civiles, sin embargo la respuesta no es parte aún de las prioridades nacionales.
Hacer visible el problema y las soluciones, poner fin al silencio y la impunidad e invertir los suficientes recursos principalmente en la prevención y la respuesta temprana para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas no sólo es una obligación jurídica y un imperativo moral, también se trata de una inversión inteligente. Si se desea alcanzar para 2030 las ambiciosas metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que enfatizan la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas como objetivo principal, se requiere de soluciones innovadoras y de nuevas alianzas que movilicen fondos de todas las fuentes disponibles: los gobiernos nacionales, la cooperación internacional, el sector privado, las organizaciones filantrópicas y donantes individuales. La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, señala “lograr estos cambios es costoso, pero el precio de no hacerlo es inaceptable. Incluso las pequeñas inversiones, cuando son oportunas y específicas, pueden generar enormes beneficios para las mujeres y las niñas y para sus comunidades”.
En México 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia, 47% han sido víctima de un incidente de violencia por parte de su pareja, pero sólo una de cada 4 busca ayuda en una institución. En 2015, 6.2 mujeres en promedio fueron asesinadas al día. El país ha invertido en progresivas respuestas ante esta pandemia: las medidas legislativas, incluyendo la tipificación del feminicidio; la emisión de sentencias emblemáticas para una adecuada investigación de las muertes violentas de mujeres; el mejoramiento de los sistemas de información estadística; y la ampliación de espacios de atención y medidas innovadoras como los Centros de Justicia, así como la promoción de cambios culturales como el movimiento HeForShe, y cada vez una sociedad civil más movilizada bajo el grito de “ni una menos”.
Sin embargo, todavía existen muchos desafíos que exigen un compromiso reforzado. Desde ONU Mujeres hacemos un llamado a una inversión sin precedentes para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Recordemos que la violencia se puede prevenir y evitar. La prevención es clave y tanto los sectores público como privado, así como las personas, pueden y deben contribuir a poner fin a esta pandemia mundial.
*Representante de ONU Mujeres en México.