México debe “incorporar una lógica más humana” en su política hidráulica

 

México debe readaptar su política hidráulica e “incorporar una lógica más humana” que permita no solo abastecer a la población, sino garantizar el bienestar social y económico.

Así lo recomendó el asesor de medio ambiente para América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), Alejandro Rossi, en una entrevista con Efe.

Rossi pidió al Gobierno de Jalisco “plantear sus políticas ambientales enfocadas a la distribución del agua a partir de un razonamiento que vaya más allá de una lógica hidráulica”.

Las declaraciones vienen tras la publicación de “Jalisco sostenible cuenca Río Verde”, un estudio realizado por UNOPS y que establece la hoja de ruta del Gobierno estatal para encarar los problemas del agua desde una perspectiva de derechos humanos.

“La fórmula tiene que ver con incorporar una lógica más humana y ambiental a la par que sea más sostenible desde distintos puntos de vista”, señaló.

El debate surge a raíz de la construcción de la presa de El Zapotillo, un polémico proyecto financiado desde hace 12 años por la Comisión Nacional del Agua del Gobierno federal, así como los estados de Jalisco y Guanajuato.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dio a conocer a finales de junio que permitirá la inundación de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo con las aguas de El Zapotillo, lo que generó el repudio de los pobladores.

El objetivo de la presa, cuya construcción fue suspendida por la Suprema Corte de México hace dos años, es distribuir agua a 2,4 millones de personas de la árida región de Los Altos, así como a Guadalajara, capital de Jalisco, y la ciudad de León, ubicada en el central estado de Guanajuato.

Rossi aclaró que satisfacer la demanda de agua a partir de remodelaciones “no significa sacrificar a una población minoritaria a expensas de la mayoría”, solidarizándose con los pobladores.

Por ello, propuso el reasentamiento de la población asegurando el crecimiento económico y social, así como “compensar integralmente mucho más allá de lo que significa una mera compensación económica”.

“El Gobierno ha anunciado recientemente el lanzamiento una unidad especial para poder lidiar con esos procesos de reasentamiento”, explicó.

Obras de infraestructura como la de la presa deben continuar realizándose de manera inevitable, pero “habiéndose de incorporar la totalidad de las variables”, no únicamente las hidráulicas.

Deben agregarse “variables económicas, sociales y ambientales” al análisis de la planeación de obras para atender a las demandas cada día crecientes.

Rossi expresó su deseo de que se extraigan conclusiones de cara al futuro, no solo del estado de Jalisco, sino del país entero.

“De esto se trata el atraso en Jalisco. Han tenido distintos proyectos basados en lógicas puramente hidráulicas que no han resultado”, aseveró.

“El modelo es insuficiente para abordar los retos que plantea este siglo en materia social y ambiental”, añadió.

Es necesario, dijo, una “evolución en el enfoque que empiece a agregar estas variables, que son igual de determinantes”.

Además, resaltó la necesidad de “adecuar los criterios de distribución a la realidad del agua disponible” en Jalisco y posteriormente al país entero.

Los resultados del estudio arrojaron cifras inesperadas, descubriéndose en la cuenca del Río Verde un 30 % menos de agua de la que estaba considerada en los estudios originales, además de encontrarse de un incremento del 120 % en la demanda del usuario.

La ley nacional de aguas se encuentra actualmente en pleno proceso de reforma en el que conviven opiniones polarizadas.

“Hay una propuesta de modificación”, contó, al que se le añade un proceso de discusión alrededor.

“Tiene que ser un debate verdaderamente incluyente sobre un modelo que tiene en México 30 años de antigüedad y que en su momento tuvo un gran liderazgo”, precisó.

Los debates y modificaciones, continuó, deben ser para “estar a la altura de los desafíos del siglo XXI y dar un paso adelante en materia de gestión institucional”.

“Significa que hay que negociar con la Comisión Nacional del Agua un nuevo acuerdo o convenio de distribución” del recurso hídrico, concluyó.

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